Por Fanny Martínez
Las fracciones del PAN y del PRI en el Congreso Local exigieron que la Sub procuraduría Anticorrupción investigue la renta de un helicóptero a precios exagerados que realizó el gobierno de Jaime Rodríguez e incluso los diputados albiazules advirtieron que presentarán una denuncia al respecto, pues considera que el Estado no persigue sus propias anomalías.
Dijeron no creer en la investigación que anunció el propio gobierno a través de Enrique Torres, secretario de Administración
Para Marco González, coordinador de los priistas no creen que la investigación interna anunciada por Torres vaya a dar resultados, como tampoco los dio la que se hizo en torno a la compra de 200 mil cobertores al triple de su valor en diciembre pasado pero ellos no presentarán una denuncia porque luego queda en nada.
“Yo esperaría que sí investigaran, porque están investigando mucho la administración pasada y haciendo mucho ruido con lo que se hizo anteriormente y están haciendo peor las cosas que en la administración pasada. Sería muy desgastante para nosotros estar presentando denuncias, pediríamos que los organismos y a la ciudadanía que presionen, a nosotros como bancada del PRI el Gobernador no nos escucha, por eso lo importante es que sus padrinos de la iniciativa privada presionen”.
El gobierno rentó un helicóptero modelo 1967 a costo que supera en 145 %, los precios del mercado y en donde el estado pagará 135 mil dólares más IVA mensualmente durante un año por 330 horas de vuelo, sin incluir combustible.
Se trata de un helicóptero Bell UH-1H, matrícula N3276K, modelo 1967.
“Estamos evaluando presentar las denuncias correspondientes, porque si ellos no actúan de manera oficiosa como sí lo hacen en otros temas, pues hay que darles una ayudadita… vamos a presentar la denuncia de hechos, podría ser peculado, podría ser ejercicio indebido de funciones, la Contraloría estatal, también debe investigar, pero opera como la carabina de Ambrosio y esperar que aplique sanciones resulta ocioso”, dijo el coordinador de los panistas, Arturo Salinas.
Considera que las irregularidades son claras, están sobre la mesa, y deben aplicarse castigos ejemplares, porque ese tipo de actos sólo ponen de manifiesto que el gobierno favorece a amigos a costa del erario público y que son contrataciones de mala fe.
Cree que daña la confianza de los ciudadanos, porque pareciera que todas las averiguaciones o investigaciones que hacen son solo contra funcionarios y ex funcionarios de otros partidos, por eso resultaría importante que el Subprocurador Anticorrupción Ernesto Canales abra una investigación y que la Contralora salga a decir cuáles son las posibles sanciones, porque hoy por hoy no hay confianza y no creemos en esta investigación que anuncian, indicó.
