Por Dulce Xochitl M
La Contraloría General del Estado turnó a la subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción, los expedientes de tres casos, de 120 que integra, en los que el gobierno estatal sospecha que existen delitos.
Entre ellas destaca una por presuntas irregularidades en el convenio entre la automotriz coreana KIA y el gobierno de Nuevo León, para que la armadora se instalara en el estado y en donde la administración actual pretende echar abajo lo que califica de excesivo otorgó a la firma Rodrigo Medina.
Otro de los expedientes es el proyecto de una siderúrgica en el municipio de Linares, unos 100 kilómetros al sur de Monterrey, y una más por el caso de la empresa Limón Publicistas, que cobró 32 millones de pesos para mejorar la imagen de Rodrigo Medina y del PRI, informó Ernesto Canales, titular de la subprocuraduría.
En el caso Kia entre las anomalías que buscan aclarar está la excepción del pago de impuestos por un mayor tiempo que el contemplado en la Ley, la adquisición de un predio para donarlo a la armadora y contratos para beneficiar a amigos de la familia Medina.
El asunto de la siderúrgica estaría en iguales características que Kía.
Para que la subprocuraduría pueda indagar todos los casos, el organismo debe hacer las denuncias y entregar la información en la que basa sus sospechas.
Asimismo, deberá confirmar o extender las investigaciones, soportar los hechos denunciados con pruebas duras, construir la teoría del caso, que no es otra cosa que contar la historia del crimen, expuso el funcionario.
