La Ley Federal de Competencia Económica aprobada hoy por el Pleno de la Cámara de Diputados será de gran beneficio para la economía de las familias mexicanas, pues tendrán productos y servicios a precios más accesibles, destacó el legislador federal Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional agregó que la minuta aprobada después de los cambios hechos por el Senado la semana pasada tiene como objeto regular los mercados, sancionar prácticas monopólicas y hacer que productos y servicios sean más baratos.
El Presidente de la República, dijo, presentó el 19 de febrero pasado ante la Cámara de Diputados la iniciativa para esta nueva Ley, a fin de armonizar la ley secundaria con la reforma constitucional en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones de 2013.
En poco más de dos meses, agregó el legislador Pedro Pablo Treviño Villarreal, se enriqueció la Iniciativa del Presidente Peña Nieto y en la Cámara de Diputados se añadieron temas torales para apuntalar el sistema de competencia económica en México y en la Cámara de Senadores se complementaron las propuestas que finalmente se discutieron ayer en la Comisión de Economía y hoy en el Pleno.
“Esto impactará grandemente la economía de las familias mexicanas porque contribuirá para que puedan tener acceso a productos y servicios que hoy en día quizá muchas no puedan tener y eso aporta a la lucha contra la desigualdad.
“Un punto importante del dictamen es que se aprueban las facultades que tendrá la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), un órgano autónomo creado para vigilar a los agentes económicos, investigarlos, imponerles sanciones e incluso presentar denuncias ante el Ministerio Público en caso de detectar posibles delitos”, agregó el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal
También se establece incorporar un mecanismo en la ley para que los agentes económicos puedan solicitar opiniones en la comisión sobre temas de libre concurrencia y competencia económica, subrayó el legislador.
“Con ello se busca fortalecer el sistema de competencia económica mexicano al brindar mayor certeza a los agentes económicos en nuestro país sobre las consecuencias jurídicas en la materia de sus acciones.
“Es importante mencionar que se acordó imponer a la COFECE la obligación de expedir y publicar disposiciones regulatorias necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que se destaca la imposición de sanciones”, detalló el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal.
En la ley aprobada, agregó el legislador, se señala que en la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su capacidad económica.
La COFECE podría acudir ante el Ministerio Público para denunciar delitos como la manipulación de precios, que serían castigados con penas de entre cinco y 10 años de prisión y una multa de mil a 10 mil días de salario (de 67 mil a 670 mil pesos).
TEMA DE PRECIOS
Es falso que el Ejecutivo Federal vaya a fijar precios. El Art. 28 Constitucional, impone una obligación al Estado Mexicano para que se impongan precios máximos solo sobre bienes y servicios que SEAN NECESARIOS para la economía nacional o el consumo popular, detalló el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El Ejecutivo Federal solamente podrá hacer uso de esta facultad, explicó, siempre y cuando exista una resolución previa de la Comisión Federal de Competencia Económica en la que determine que en esos mercados no existen condiciones de competencia efectiva, esto es, que existe distorsión natural o artificial en esos mercados en perjuicio del consumidor.
TEMA DE LA AUTORIDAD
En cuanto a la Comisión Federal de Competencia Económica, dijo, ésta es autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. Sus Comisionados cuentan con un alto perfil para el cargo y fueron sometidos a un riguroso examen de conocimientos. Ellos, fueron propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado para ejercer sus cargos por periodos determinados y escalonados.
