Por Luz Citlali Mtz
En un calidad de urgente, el Grupo Legislativo de Acción Nacional ha solicitado al Gobernador del Estado de Nuevo León, que separe de su cargo a Miguel Flores Serna, Jefe de la Oficina, mientras se lleva a cabo una investigación sobre las inquietantes acusaciones de amenazas presentadas por el periodista Ramón Alberto Garza.
El Coordinador de la Bancada panista, Carlos de la Fuente Flores, ha presentado la solicitud a través de un Punto de Acuerdo en la reciente sesión ordinaria del Poder Legislativo.
“Pedimos respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, que aparte de su cargo a Miguel Flores Serna, Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado, mientras se investigan las serias acusaciones hechas por el periodista Ramón Alberto Garza. Estas acusaciones están relacionadas con presuntas amenazas contra él y su familia, derivadas de su valiente ejercicio de la libertad de expresión a través del medio de comunicación Código Magenta, basándonos en las garantías constitucionales de respeto a la libertad de expresión y la legislación de protección a periodistas”, afirmó el primer punto del exhorto.
El acuerdo también insta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la homóloga estatal a iniciar investigaciones exhaustivas. Además, se ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría interna del Gobierno Estatal de Nuevo León que investiguen detalladamente los hechos denunciados por el periodista.
“Este lamentable incidente representa un abuso de autoridad que perpetúa un clima de represión y persecución política que han experimentado no solo los líderes políticos, sino también los periodistas críticos que cuestionan las acciones del actual Gobierno y sus funcionarios. Deberíamos aspirar a promover el respeto a la libertad de expresión, la tolerancia y la democracia en lugar de estos actos”, subrayó Carlos de la Fuente.
Ramón Alberto Garza, un periodista respetado, ha ocupado cargos destacados en varios medios de comunicación a lo largo de su carrera. Ha denunciado públicamente el uso de la Fuerza Civil del Estado para proteger una unidad particular de la empresa CryoInfra, propiedad de la familia de Miguel Flores, y ha afirmado que este funcionario público lo ha amenazado a él y a su familia.
El Punto de Acuerdo recibió la aprobación de la mayoría de los legisladores, marcando un paso crucial en la lucha por la defensa de la libertad de expresión y la integridad periodística en el Estado de Nuevo León.
