Por: Salomé Martínez/PMNoticias
Jubilados de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se congregaron en la sede sindical, ubicada en Monterrey, para entregar documentos certificados de la integración de una nueva sección sindical que les permitirá “tener voz y voto” para frenar los abusos laborales en prejuicio de su patrimonio familiar.
Víctor Zavala, representante legal del grupo indicó que la sección está integrada por unos mil 400 extrabajadores.
Mencionó que los problemas surgieron porque la institución educativa en complicidad con el actual sindicato les descuenta un 14% de la nómina general al fondo de pensiones lo que originó los problemas y demandas.
“Resulta que en el 2012 unos Tribunales Colegiados de la ciudad de Sonora determinaron que las aportaciones que se retienen al personal jubilado son inconstitucionales y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, explicó.
Entonces se determinó que las aportaciones que se retienen al personal jubilado para distintos fondos de pensiones son inconstitucionales.
“No debe de aplicárseles y que no deben retenerse por ningún concepto de aportación de ninguna cantidad y que si bien es cierto los fondos de pensiones tenían problemas económicos de financiamiento que no es una justificación constitucionalmente válida para rebajarles al personal jubilado dándole un trato igual a un trabajador activo”, expuso.
El representante legal indicó que los jubilados de la UANL están solicitando la devolución del dinero a Félix Contreras, abogado del Comité Técnico de Pensiones y Jubilaciones.
También la petición es a Rafael Garza Ibarra, del Sindicato de Trabajadores de la UANL, así como al propio rector, Santos Guzmán López, quienes hasta el momento se niegan a acatar las disposiciones de la autoridad.
“La conducta de ellos para nosotros constituye un delito por eso estuvimos en la Fiscalía General de la República, delegación Nuevo León y presentamos una denuncia contra quien resulte responsable y se inicie la averiguación previa con la investigación”, señaló.
Además, amplió, promovimos una denuncia de la reparación del acto reclamado en el Segundo Tribunal Colegiado a la que también ya se le dio trámite y les están pidiendo informes a la junta de conciliación y arbitraje para que ellos determinen si hay repetición y en caso de que haya repetición y si la Universidad sigue en el plan de seguir rebajando el expediente se va a la ciudad de México para que la Suprema Corte determine. entre otras cosas, primero destituir a los responsables y darle vista a la Fiscalía General de la República”.
Zavala Rivera dijo que tienen conocimiento de que todo el patrimonio de los jubilados, que asciende aproximadamente de 8 mil millones de pesos, se invierte en la Casa de Bolsa Value, del empresario Carlos Bremer.
Sostuvo que esto es una ilegalidad porque la normatividad lo prohíbe, el reglamento del comité del fondo de pensiones, los fideicomisos que finalmente se iniciaron y la reglamentación del Congreso de la Unión que cuando dio recursos a las Universidades para el fondo de pensiones prohíbe invertir el recurso que se entrega en inversiones de riesgo.
