Por pmnoticias.tv
Un personaje de una mujer de provincia que habla mal español y migra a Lima, en Perú, “la paisana Jacinta”, se popularizó en la televisión desde los 90 y cruzó con éxito hacia la pantalla grande en 2017, pero su aparición dividió la opinión de la sociedad peruana a lo largo de los años y el Ministerio de Cultura de ese país denunció que se denigraba a la mujer andina.
La cinta convocó a más de 500 mil espectadores en tan solo tres semanas en cartelera, pero ya el personaje –interpretado por el comediante Jorge Benavides desde 1996, dentro del programa de televisión humorístico JB Noticias, aunque después tuvo un espacio propio– había sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales al considerar su caracterización como discriminatoria.
Aunque las críticas de la opinión pública se centraron más en el comediante, el caso de “La paisana Jacinta” es un ejemplo del impacto que tienen las actividades de las empresas sobre los trabajadores, la población o sobre el medio ambiente, y, para abordar ese tipo de problemáticas, el Gobierno peruano optó por la creación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, en línea con las tendencias internacionales en la materia.
En la elaboración del diagnóstico de línea base, la Universidad de Monterrey, a través de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas, contribuyó con un análisis de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de reparación de daños en el Perú entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, como parte de un estudio de cuatro países que fue solicitado por la Organización de las Naciones Unidas.
En la elaboración de dicho diagnóstico contribuyeron, además, otras tres universidades de ese país.
Dirigido por Humberto Cantú Rivera, este Instituto de la Universidad participó en diversas reuniones con autoridades gubernamentales y judiciales del Perú en 2019, de las que resultó un informe en el que se proponen diversas medidas a tomar, particularmente en términos de fortalecimiento de capacidad en materia de empresas y derechos humanos por parte de autoridades judiciales y de mecanismos extrajudiciales.
“La problemática social es como en cualquier otra parte: la actividad empresarial genera afectaciones a los derechos humanos de las personas; tienen que tomarse medidas para prevenir ese tipo de afectaciones y, si no se pueden prevenir, repararlas”, expuso.
El profesor de la Escuela de Derecho de la UDEM aclaró que, en el caso de “La paisana Jacinta”, los litigios fueron dirigidos no contra el comediante, sino contra la productora de cine y el canal de televisión por cuestiones de discriminación racial, pero que, de hecho, en toda América Latina, lo común es que las comunidades perciban negativamente los efectos de las empresas en el entorno.
“Las comunidades, con regularidad, perciben una amenaza a sus derechos, aunque, en ocasiones, hay parte de la comunidad que lo ve como oportunidades y parte como posibilidad de progreso”, explicó.
Otros de los casos que se estudiaron en Perú fue el de una empresa minera mexicana, instalada en diferentes países, y cuyas operaciones estaban afectando al medio ambiente y al agua de algunas comunidades, indígenas y no indígenas.
“Llegaron (habitantes de las comunidades) a protestar y lo que hizo la empresa fue pedir a la autoridad que encarcelara a la gente que estaba protestando, cuando a final de cuentas estaban defendiendo sus derechos”, apuntó.
En otra ocasión, una empresa peruana transportaba mercurio sin tomar las medidas adecuadas de seguridad, por lo que hubo un accidente y el elemento metálico líquido terminó causando cáncer a muchas personas.
Cantú Rivera señaló que, con frecuencia, las empresas buscan evadir su responsabilidad por el impacto de sus actividades sobre sus trabajadores o el entorno; por ejemplo, en México, hubo muchos casos en que se vulneraron los derechos humanos de trabajadores debido a la pandemia, como reveló un estudio realizado por dos estudiantes de la UDEM para el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, “pero también hay muchos casos en materia ambiental o de otro tipo, donde las empresas no asumen los pasivos sociales o ambientales que generan”.
El Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la UDEM participó en diferentes eventos en Perú durante el verano del año pasado, entre ellos una presentación de resultados de una encuesta nacional peruana de derechos humanos, donde la participación estuvo específicamente enfocada en la cuestión de las empresas y los derechos humanos.
Asimismo, participó en la presentación del informe temático “Empresas y derechos humanos: Estándares interamericanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con autoridades de ese país.
La iniciativa para el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos peruano –que se publicó en junio y se comenzó a implementar de forma inmediata– surgió del propio Gobierno del país andino, y se intensificó luego de una visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
Cantú Rivera laboró como consultor para un proyecto de Naciones Unidas en 2019 y 2020, en el que se buscó hacer una revisión de los mecanismos y las experiencias de acceso a la justicia en casos en que existen afectaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial en cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y Perú, del que derivó un informe de casi 50 páginas para Naciones Unidas.
“El Gobierno de Perú solicitó que, derivado de ese informe, apoyáramos directamente la preparación de su política pública nacional sobre empresas y derechos humanos; en diciembre de 2019, me entrevisté con agencias de Gobierno, con los magistrados de la Corte Constitucional, y, a partir de ahí, estuvimos trabajando, brindando retroalimentación y algunas opiniones sobre los elementos a considerar”, señaló.
TAMBIÉN EN MÉXICO
El equipo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la UDEM también trabaja en un proyecto con la Secretaría de Gobernación desde 2019, brindando apoyo técnico para el desarrollo de la política mexicana en materia de empresas y derechos humanos.
“Nos pidieron apoyo para revisar y dar retroalimentación sobre las líneas de este tema que iban a aparecer en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, que se publicó en diciembre del año pasado; estamos trabajando con ellos en el arranque del proceso de elaboración de la política mexicana, que debe ser muy pronto”, consideró el profesor universitario.
Adicionalmente, desde 2017, el Instituto trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que participa en la elaboración de un tratado internacional sobre este tema en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En ese sentido, cada año ha presentado un estudio del texto de negociación para identificar elementos que sirvan para definir la postura de la delegación mexicana que participa en el proceso intergubernamental.
Cabe destacar que, en la preparación de esos estudios, han participado más de 20 estudiantes de la UDEM desde 2018 para la formulación de un análisis normativo mexicano frente al instrumento de negociación.
