Por pmnoticias.tv
En México, los protocolos en las empresas para enfrentar la pandemia no han sido equitativos: mientras unas han respetado la diferenciación entre actividades “esenciales” y “no esenciales” y, en las primeras, se promueven los medios de protección y la sana distancia, otras han desobedecido la normativa de los gobiernos, federal o estatales, en perjuicio de sus colaboradores.
Una investigación de dos alumnas de la Universidad de Monterrey expone que la dependencia del país de la inversión extranjera, los mercados internacionales y las empresas multinacionales explica por qué la reanudación de las actividades “no esenciales” se produjo en el momento de mayor tasa de infección sostenida.
“A raíz de la reapertura económica de países europeos y asiáticos, así como de la presión de gobiernos y empresas de países con los que México tiene la mayor integración económica –Canadá y Estados Unidos–, el gobierno mexicano acordó la reanudación gradual de las actividades económicas el 1 de junio de 2020”, subraya el estudio.
Pero, para Constanza Michell Aranda Robles y María Paulina Lamadrid Antúnez, quienes recién concluyeron el quinto semestre de la Licenciatura en Derecho de la UDEM, lo que la pandemia COVID-19 ha hecho es poner de relieve los frecuentes abusos de empresas contra los derechos humanos en México desde antes de la contingencia sanitaria.
Durante el semestre pasado, las alumnas colaboraron con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización no gubernamental con sede en Londres, Inglaterra, para realizar la investigación ¿Economías de cuidado o de abuso? Conducta empresarial en México durante la pandemia de COVID-19.
Tan solo del 19 de marzo al 14 de agosto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió 417 quejas de abuso, tanto por medidas sanitarias insuficientes como por abusos contra derechos laborales, tales como despidos injustificados, reducción de salarios, vacaciones forzadas sin salario e, incluso, represalias en contra de personas trabajadoras que exigían el respeto de sus derechos.
Paulina señaló que la mayoría de los casos que encontraron se centran en la negativa a cesar actividades que fueron declaradas no esenciales por el gobierno mexicano, además de la falta de protocolos sanitarios o de medidas de seguridad en los centros de trabajo, y, como consecuencia de eso, la aparición de contagios masivos e inclusive muertes, tanto de los trabajadores como de sus familias.
“Al final, afectan la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, siendo mucho más grave y más perjudicial en esta situación de pandemia; hubo varias huelgas de trabajadores –principalmente, en el sector maquiladora–, porque sabían que eran riesgosas las actividades que les pedían las empresas”, relató.
Constanza indicó que se localizaron empresas que, si bien pertenecían al rubro de “empresas esenciales”, operaban sin seguir las medidas sanitarias, sin pagar salarios o pagándolos parcialmente, “todo con la excusa de que el COVID-19 imposibilitaba costear lo anterior”.
La estudiante agregó que también hubo empresas que no pertenecían al rubro autorizado para seguir con sus labores, pero siguieron trabajando.
Incluso, el reporte de las alumnas descubrió que, tras la reapertura de la economía el 1 de junio de 2020, la situación no mejoró y siguió habiendo denuncias sobre abusos y casos de muertes por infección en el lugar de trabajo.
“Lamentablemente, existen violaciones de derechos humanos desde antes de la pandemia”, afirmó Paulina, “particularmente, los derechos laborales son objeto de abusos en estos sectores, porque son poblaciones vulnerables las que trabajan en maquiladoras, en el campo y en minería y petróleo; sin embargo, hubo una exacerbación de estas violaciones en el contexto de la pandemia, principalmente, porque las empresas ponían primero el lucro antes del bienestar de las personas”.
Paulina agregó que están conscientes de que la situación de pandemia también afecta los rendimientos económicos de las empresas, pero “encontramos casos donde iban más allá de lo que es razonable, por ejemplo, se escondían a trabajadores de las inspecciones de autoridad o se ocultaban contagios y muertes en la empresa a los mismos trabajadores”.
LOS CUATRO SECTORES INDUSTRIALES MÁS DENUNCIADOS
De los abusos registrados, se reveló que el mayor número de violaciones de derechos humanos denunciadas públicamente se concentra en cuatro sectores: la industria maquiladora, la agroindustria, la minería y el sector de energía.
Las alumnas retomaron 229 casos de empresas nacionales y extranjeras para su estudio –a partir de registros de medios de comunicación, sociedad civil y otras fuentes de información pública–, de los cuales seleccionaron 42 pertenecientes a los cuatro sectores industriales para que aclararan sus respectivas acusaciones en su contra, pero solo respondieron siete.
“Fue un poco decepcionante la falta de respuesta que hubo de parte del sector empresarial”, expresó Paulina, “pero indica que este es un camino que necesita más trabajo: el primer paso es darnos cuenta de la existencia de un problema, y creo que, a través del informe, lo dimos”.
Entre los estados que reportaron la mayor cantidad de abusos, de acuerdo con el análisis, se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, muchas empresas, y a menudo sectores completos –como maquiladoras y negocios comerciales–, se negaron a suspender operaciones, pese a las restricciones establecidas por el gobierno.
Se encontró que los sectores más fuertemente vinculados a las cadenas de producción internacionales (industria maquiladora y agroindustria) no brindaron protección contra el virus a su personal.
En el documento se establece que casi dos tercios (65 %) de las denuncias relacionadas con la salud fueron contra empresas maquiladoras y se reportó que miles de personas trabajadoras agrícolas estaban en alto riesgo de contagio, lo que se evidencia en las infecciones colectivas y muertes registradas en los campos de cultivo.
El reporte de las estudiantes de la UDEM ejemplifica con el caso de FrontRunner Technologies la situación extrema a la que estuvieron sometidas las personas trabajadoras: el personal informó que no solo se quedaron sin un salario, sino que la empresa había desaparecido completamente sin previo aviso.
Tres de cada cinco empresas del sector minero fueron acusadas de poner en riesgo la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades, según el informe; algunas empresas hicieron caso omiso de la declaración de contingencia al continuar las operaciones a pesar de ser consideradas un giro “no esencial”.
En el sector energético, continúa la investigación, las dos empresas estatales más importantes de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron criticadas por exponer a las personas trabajadoras al contagio, así como por no garantizar el acceso a la atención médica ni a niveles de vida adecuados en el contexto de una pandemia.
De acuerdo con Constanza, las diferencias halladas en los sectores industriales en la investigación se debieron a la documentación relacionada con denuncias y protestas, por ejemplo, resultó más fácil el acceso a noticias de la industria maquiladora que de la agroindustria, ya que la primera tiene más presencia en más estados, mientras que en el segundo sector es más difícil que se denuncien abusos.
La futura abogada señaló que el enfoque que tuvo la investigación se basó en diversas fuentes de Derecho, así como Derechos Humanos reconocidos universalmente, los decretos del gobierno mexicano y la Ley Federal del Trabajo, “que, si bien dichas reglas se deben cumplir en todo contexto, no solo bajo el escenario de una pandemia, es importante que ahora más que nunca estos estándares básicos se protejan”.
A Constanza, el estudio le ayudó a concientizar sobre estos temas en su día a día y, actualmente, procura seguirlos de cerca, con noticias que informan sobre la situación actual en materia de derechos laborales, principalmente, y las acciones que el gobierno toma al respecto.
Para Paulina, la investigación la llevó a adquirir “un grado de concientización enorme sobre la situación que está viviendo mi país, específicamente, los sectores más vulnerables; fue salir de una burbuja y adentrarme en lo que estaba pasando en México con las personas que lo componen”.
Los resultados del informe fueron entregados a diferentes ONG, instituciones nacionales e internacionales relacionadas con derechos humanos, como Pacto Global y Ontario Human Rights Commission, entidades del gobierno mexicano (Secretaría de Relaciones Exteriores y CNDH), además de que se dieron a conocer a través de redes sociales.
