Por: Fanny Martinez
Llamado a ser un referente a nivel América Latina en la investigación de procesos sociales, económicos y culturales que afecten los derechos colectivos o individuales, el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey fue instalado esta mañana, ante miembros de la comunidad jurídica de la localidad.
Al frente del nuevo organismo universitario, impulsarán su labor Marcela Chavarría Chavarría, como directora general del nuevo organismo de investigación, capacitación y consultoría en derechos humanos; Humberto Cantú Rivera, director ejecutivo del mismo; y Claire Wright, coordinadora de investigación.
La ceremonia de apertura de la organización tuvo como sede la Casa de la Cultura Jurídica, con la participación de Arturo Azuara Flores, decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM; Rafael Ibarra Garza, director del Departamento de Derecho de esta misma casa de estudios; y Angélica Arévalo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica.
Además, estuvieron como invitados especiales Carlos Fernández Liesa, director del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”; y Douglas Casel, profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, quien ofreció la conferencia inaugural.
En su mensaje introductorio, Chavarría Chavarría señaló que se ha establecido un rumbo en esta temática que impone uno de los grandes retos en el siglo XXI: la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y los Estados en relación con los derechos humanos, bajo el marco de los principios rectores de Naciones Unidas.
“El deber del Estado de proteger los derechos humanos va acompañado de la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las mismas”, expuso.
La también directora del Departamento de Derecho de la UDEM explicó que el objetivo es aportar una visión de mundo y de sociedad y encaminarse hacia una globalización más humana y a una sociedad sostenible.
“Esta portación debe darse bajo un eje transversal en el que de manera conjunta surjan las deliberaciones y opiniones de instituciones educativas, de instituciones sociales, de la iniciativa privada y de las instituciones públicas, buscando esos consensos sociales que necesitamos.
“Estamos convencidos de que una participación genuina de los diferentes actores podrá facilitar un compromiso colectivo con la defensa y protección de los derechos humanos y una ciudadanía consciente de las necesidades que se deben satisfacer para respetarlos”, propuso.
En su charla, Casel refirió que, generalmente, el enfoque de los derechos humanos se ha relacionado solo frente a los gobiernos, pero se excluye casi totalmente la idea de que los derechos humanos protegen a los seres humanos frente a cualquier fuente de poder.
El investigador universitario asentó que hay un marco para la defensa de los derechos humanos, que integra tres pilares: uno de ellos es el deber jurídico de los Estados de proteger los derechos humanos de violaciones por parte de terceros e, incluso, por parte de empresas privadas.
Sin embargo, a diferencia del deber jurídico aplicable a los gobiernos, a las empresas privadas se les reserva solo la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como si fuera una expectativa social.
Casel destacó que, en los últimos 30 años, ha habido avances: anteriormente, las empresas no se sentían con la responsabilidad en materia de derechos humanos, pues el tema era solo de ámbito del gobierno.
“Pero hoy en día es diferente: en su gran mayoría, los jefes de las empresas transnacionales del mundo, en los últimos años, reconocen que la empresa tiene una responsabilidad en materia de derechos humanos”, indicó.
El ponente denunció que en el aspecto en el que hay un menor avance es en el de la remediación de las faltas, “y yo diría hasta fracaso; no hay, en ningún país hoy, remediación adecuada para las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas privadas”.
Por su parte, Fernández Liesa afirmó que, aunque sea un tema nuevo desde el punto de vista de las instituciones, la relación entre los derechos humanos y las empresas ha sido muy antigua, como en la época de la esclavitud, que era un “gran negocio global” entre Europa, África y América.
El profesor universitario señaló que esas empresas cotizaban en la Bolsa de Valores de Londres; al procedimiento se le llamaba “asiento de negros” y, con este, las coronas de diversos países daban una especie de concesión en monopolio a esas empresas que hacían el tráfico de esclavos.
Recordó que, todavía en el siglo XX, en la época de la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas se beneficiaron de la explotación de esclavos para mano de obra barata.
“Hoy tenemos que muchas empresas, multinacionales o no, están también sin respetar los estándares de derechos humanos mínimos, a veces hay multinacionales que en esas cadenas de producción del textil están utilizando a niños y niñas con unos sueldos infrahumanos, precarios, indecentes, y, por tanto, están obteniendo un beneficio basado en la explotación de seres humanos”, manifestó.
“En otros casos, nos encontramos con empresas, por ejemplo, petroleras o mineras o de extracción, que hacen ese negocio, pues a lo mejor vulnerando los derechos de las poblaciones locales, los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos al territorio, a la consulta previa, derechos culturales (…) también violaciones al medio ambiente, por lo tanto, violaciones que afectan a la sostenibilidad del planeta”, sostuvo.
Cantú Rivera, en su intervención, apuntó que el objetivo central del Instituto de Derechos Humanos y Empresas es “ser el think-and-do tank de referencia en México sobre esta temática”, orientado a la investigación, difusión, formación y acción en materia de empresas y derechos humanos.
El directivo aclaró que no persigue ser solo un centro de reflexión, sino que el análisis debe generar efectos e impacto en la sociedad, y en ese sentido, se trabajará para lograr una incidencia significativa en las esferas pública, privada y social en relación a este tema, y no solo a escala local, sino nacional y en América Latina.
“El objetivo esencial de todas las áreas en conjunto será participar en la construcción de una cultura empresarial de derechos humanos, y en sentar las bases jurídicas para que esta pueda florecer”, afirmó.
Agregó que el impacto de este tema se ve reflejado en todos los ámbitos de la actividad económica, desde la privatización de los servicios públicos, hasta la banca, las telecomunicaciones y las industrias extractivas, incluso elementos personales, como el tener un teléfono celular o una computadora.
“Además del área de investigación, el Instituto contará con un área de capacitación y consultoría, y, adicionalmente, se desarrollarán diversas actividades de acompañamiento y asesoría en proyectos de índole legislativa, de política pública o de espacios de negociación”, adelantó.
Durante la tarde, Humberto Cantú Rivera, Carlos Fernández Liesa y Douglas Casel participaron en el panel “Avances y desafíos de los derechos humanos y empresas”, maderado por Juan Fernando Potes, profesor del Departamento de Derecho de la UDEM; acompañados por Marcela Chavarría Chavarría, en la Sala del Claustro Universitario.
