Por Fanny Martínez
No en todos los países existe una legislación para combatir las conductas deshonestas en las instituciones de educación superior, por eso es necesario que, desde la academia, se establezcan sanciones fuertes para quienes incurran en esas prácticas, comentó Tracey Bretag, profesora visitante del Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey.
Tracey Bretag es directora de la Oficina de Integridad Académica de la Universidad del Sur de Australia y es una investigadora líder en el tema de integridad académica, además de que cuenta con más de 20 años de experiencia docente en instituciones de educación superior.
La especialista mencionó que solo en Nueva Zelanda existe un marco legal que permite perseguir como delito, por ejemplo, los servicios de elaboración de tesis o monografías −llamado contract cheating− y para los cuales existen penas específicas.
Agregó que esta práctica se remonta a una época no muy lejana en la que los estudiantes eran ayudados por sus familiares: padres o hermanos, pero, ahora, esa tarea ha generado un oficio y un negocio.
Bretag afirmó que el estudiante que comete actos deshonestos como plagiar otros textos o pagar por que alguien le prepare su tesis o sus trabajos académicos se enfrenta a muchos riesgos, pero el principal es el no aprender.
“El estudiante atenta contra la Universidad en la que estudia cuando copia o paga para que trabajen por él porque el objetivo de una universidad es que los estudiantes aprendan”, destacó.
Entre los riesgos, detalló la catedrática, figura la práctica de que quienes otorgan esos servicios extorsionen a los alumnos, por ejemplo, el último día de la entrega para subir el precio del trabajo.
Bretag lamentó que el tema de la integridad académica y, especialmente, la compra de trabajos a terceras personas no son problemas que se resuelvan de la noche a la mañana, porque es un fenómeno muy complejo que tiene muchas causas.
La investigadora aclaró que estos problemas exigen a las instituciones educativas un compromiso integral y sostenido en el tiempo, en el cual se eduque a los alumnos y se les provean distintas herramientas para que ellos puedan adquirir las habilidades necesarias para actuar con honestidad y de forma ética.
“Los profesores tienen mucho que ver con el fenómeno de la integridad académica, y concretamente de la compra de trabajos, son ellos los que están frente a los alumnos, en las trincheras, y son solo ellos quienes pueden hacer la diferencia”, sostuvo.
Bretag se pronunció a favor de que, además de emplear un enfoque formativo, debe haber consecuencias reales cuando un alumno comete actos de deshonestidad académica, ya que los jóvenes detectan cuando hay pocas probabilidades de que sean sorprendidos o que haya consecuencias por actuar mal.
“Cada Universidad tiene su normativa, sus reglamentos o sus códigos de honor, pero un alumno que comete una falta de integridad académica debe ser expulsado o suspendido de la Universidad, al menos de manera temporal, para que reflexione sobre el objetivo de sus estudios”, expuso.
