Enfrentará dirigente de Sección 50 del SNTE juicio por fraude

 

 

Por Luz Citlali M

 

Guadalupe Castillo García, Secretario General de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue vinculado a proceso por el delito de fraude.

Tras una audiencia de más de tres horas en la Sala número 1 del Palacio de Justicia de Monterrey, la Jueza de Control Irma Morales Medina determinó que se aportaron suficientes elementos para acreditar la probable responsabilidad de Castillo García en el cobro a maestros, vía nómina, de un seguro de vida que no estaba vigente.

El Fiscal Carlos Alberto Cruz presentó el caso que se inició con 54 denuncias de profesores y familiares que nunca recibieron los beneficios del seguro de vida que pagaron del 14 de marzo del 2014 al 29 de octubre del 2015, con una rebaja en su salario de 77 pesos quincenales.

La Jueza determinó la liberación del dirigente magisterial, quien desde la tarde del jueves permanecía en prisión preventiva en el Penal del Topo Chico.

El Fiscal solicitó una garantía económica de 4 millones 581 mil 975 pesos, pero la Jueza determinó fijar en 56 mil 595 pesos en 10 días hábiles, correspondiente a lo demandado por los afectados.

Como medida cautelar, Castillo García deberá presentarse a firmar cada 15 días ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia se relató que el contrato de prestación de servicios se llevó a cabo el 16 de marzo del 2014 entre el SNTE y la empresa de Soluciones y  Programas Integrales, SPI, S. A. de C. V., con vencimiento el 16 de marzo del 2016.

SPI contrató a Thona Seguros S.A. de C.V. para brindar la póliza de seguro en un periodo que comprendía del 16 de marzo del 2014 al 16 de marzo de 2015.

Pese al vencimiento del seguro, el descuento quincenal para los maestro se siguió realizando hasta la segunda quincena de octubre y bajo el conocimiento del dirigente magisterial.

El Fiscal también expuso que cuentan con testimonios que señalan que la empresa Soluciones y Programas Integrales habría pagado a Castillo García 300 mil pesos quincenales.

La cantidad de agremiados afectados ascendería a 26 mil personas, según se presentó en la audiencia.

La Jueza fijó el próximo 8 de septiembre para el cierre de la investigación.

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