Por Fanny Martínez
La defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en México debe involucrar al Estado, a la sociedad civil y a la academia, con una mayor sensibilidad y diálogo franco y respetuoso, y con la conciencia de que aún falta mucho por hacer, coincidieron en señalar especialistas reunidos en la Universidad de Monterrey.
Representantes de instituciones públicas y de organizaciones civiles tuvieron durante este día un encuentro para intercambiar ideas sobre la protección de los derechos de la infancia en los procesos judiciales en Nuevo León, en la Sala de Eventos de Residencias.
La sesión incluyó conferencias y paneles, y fue organizada por la Cátedra por la Infancia de la UDEM, junto con el Poder Judicial a nivel Federal y de Nuevo León, Secretarías de Protección a la Infancia a nivel nacional y estatal, Unicef y organizaciones de la sociedad civil.
Hacer visibles los derechos de la infancia
Óscar Cervera Rivero, magistrado de la Segunda Sala Familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, destacó la necesidad de hacer visibles los derechos de los menores, para lo cual deben “caminar de la mano” sociedad y gobierno y que la gente entienda que el ejercicio de sus derechos y que la justicia es algo real.
“Pero nos ayuda muchísimo a los jueces que nos vengan a decir las verdades, las cosas como son y, sobre todo, que las partes entiendan en qué parte del problema colabora uno y cómo lo pueden solucionar”, indicó.
El juez señaló que México ha tenido una evolución favorable hacia la “visibilización” de los derechos de la infancia, pero que esto no impide la aparición de un conflicto cuando los derechos de los padres puedan no estar alineados con los derechos de los hijos.
“Es ahí donde la titularidad de derechos por parte de los menores cobra especial relevancia y la sensibilidad de los jueces y, desde luego, la participación de la sociedad de entenderlo y en vigilar que se haga la justicia”, expuso.
El magistrado explicó que el caso de un infante es el de una persona que tiene la necesidad de ser representado por adultos, aun cuando los adultos no estén conscientes de los derechos de menores o de que, como sus representantes, en ejercicio de la patria protestad, pueden no estar haciendo lo más adecuado para sus hijos.
“Entonces, ahí los jueces deben tener una participación importante, porque hablar de preponderancia o de prevalencia o de preferencia de derechos no puede traducirse en pensar que estamos vulnerando los derechos de los adultos o colocándolos por debajo de los menores”, insistió.
Los menores de edad cuentan con diferentes instrumentos para ejercer sus derechos, mencionó, en primera instancia, a sus padres, y en segunda, a los jueces, quienes evalúan si los hijos no están siendo debidamente representados e intervenir en caso necesario.
Sin embargo, recalcó el magistrado, hay instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y el sistema DIF, por lo que el Estado mexicano tiene una participación activa en ese proceso de “visibilización” de los derechos.
En el caso de los menores infractores, Cervera Rivero refirió que, aunque es ámbito de la familia, es necesario que sociedad y Estado refuercen las conductas que se deben de estimular, además de que existe una muy alta tasa de impunidad sobre la que es necesario trabajar.
Respecto a la situación de la niñez frente al trabajo, el ponente negó que esa situación se resuelva por medio de leyes, sino que es necesaria la participación ciudadana y de los funcionarios públicos, quienes tienen responsabilidades específicas de la protección a los derechos de la infancia.
“Desde luego, el Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para que estos niños no deban trabajar; un niño debe ocuparse de ser niño, de formarse y desarrollarse; pero seamos realistas, somos una economía emergente, hay conflictos de seguridad y son los niños los que salen a complementar el gasto: es un problema social”, sostuvo.
El protocolo en juicio, instrumento orientador
Myrna García Barrera, profesora del Departamento de Derecho de la UDEM y directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables en el Poder Judicial del Estado, abordó en su participación el tema del protocolo, que se refiere a una serie de especificaciones en donde se integra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en los casos en los que estén involucrados niños, niñas y adolescentes en juicios.
“(El protocolo) entonces, a pesar de ser un instrumento no vinculante, o sea no es un instrumento obligatorio, no es como una jurisprudencia o una legislación, pero sí es orientador”, aclaró.
García Barrera comentó que, para dar su clase de Seminario de Derecho Civil, solo se apoyaba en el Código Civil estatal y con estudios comparativos con otras legislaciones, pero actualmente debe tomar en cuenta la jurisprudencia y lo que el país ha firmado en tratados y convenciones internacionales.
“Cómo verdaderamente protegerlos, cómo escucharlos, cómo valorar su petición, cómo saber lo que realmente quiere el niño… o es un lenguaje aprendido o fue educado o preparado para que dijera esas palabras”, explicó.
Agregó que al niño no hay que hacerle una pregunta, sino obtener las respuestas de diferentes formas, para lo cual se apoyan en psicólogos y trabajadores sociales, quienes ayudan a los jueces para poder saber la verdad.
Durante la reunión, también participaron Mauricio Canseco, miembro del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Social estatal; y Rafael Antonio Torres Fernández, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial.
El encuentro en general se centró en resolver la problemática de proteger los derechos humanos de la infancia que asiste al Centro de Convivencia del Estado para que su voz sea considerada dentro de los procesos realizados con su familia de origen y así cuidar su adecuado desarrollo e integridad.
Además de las anteriores instancias, al congreso también asistieron representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Movimiento de los Niños, Pequeños Gigantes Mexicanos, así como funcionarios públicos de juzgados familiares y del Centro de Convivencia estatal.
Paralelo al encuentro, se desarrolló la reunión con la Red por los Derechos de la Infancia en Nuevo León, también en las instalaciones de Residencias.
