Por Fanny Martínez

La presidenta interina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Catalina Rivera Díaz manifestó el organismo autónomo observa con cautela la creciente participación efectivos militares en el ejercicio de funciones de seguridad pública y puntualizó que estas acciones deben desarrollarse en apego a la Constitución y los principios de derechos humanos.

Asimismo, Rivera Díaz hizo énfasis en que la seguridad ciudadana y la seguridad del país son dos conceptos que no deben confundirse ni mezclarse.

Rivera Díaz destacó que hasta el momento se desconocen las atribuciones que ejercerán los elementos que formarán la Policía Militar en Nuevo León así como las disposiciones normativas y reglamentarias, como tampoco las especificaciones de las políticas de seguridad que se pondrán en marcha.

La Ombudsman subrayó que de acuerdo a los principios que definen el concepto de seguridad ciudadana, la cual contempla la garantía de los derechos humanos de índole civil y los bienes jurídicos como la vida, libertad e integridad personal y propiedad; debe ser resguardada a través del sistema de seguridad pública.

Explicó que la seguridad ciudadana debe ser ejercida por civiles y para civiles de acuerdo al Artículo 21 Constitucional en el que se refiere al derecho a la seguridad pública como un derecho humano y no solamente como una función a cargo del Estado,  por lo que no debe haber contraposición entre las acciones de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.

La titular de la CEDH refirió los diversos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos hechos a México, en los que se señala que no se debe tener miembros del ejército ni en activo ni jubilados al mando de los cuerpos de policía.

De acuerdo a las manifestaciones de la CoIDH, las funciones de la policía judicial deberán estar exclusivamente a cargo de una entidad civil, de esta forma se respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría el acceso a la justicia por parte de víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos, por lo que es preocupante que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles.

Rivera Díaz llamó a promover el fortalecimiento de los cuerpos policiales estatales para asegurar la vigencia del estado de derecho y crear un clima de confianza y seguridad, que sea una policía respetuosa de los derechos humanos y esté integrada únicamente por civiles en sus mandos de todos los niveles y en sus fuerzas operativas.